AEAFMA (Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales)

Forestales, sindicatos, oposición y ecologistas, unidos contra la Ley de Montes

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Fuente: El Confidencial

Tejerina quiere modificar la ley por vía urgente

Forestales, sindicatos, oposición y ecologistas, unidos contra la Ley de Montes

Propietarios de terrenos, ingenieros de montes y alcaldes, a favor. Agentes Medioambientales, técnicos forestales, sindicatos, oposición (PSOE, IU, Podemos, UPyD, Equo, Pacma) y organizaciones ecologistas, en contra. La modificación de la Ley de Montes impulsada por el ya exministro Miguel Arias Cañete ha conseguido dividir en dos bandos a todas las partes interesadas del sector forestal español. El consenso parece difícil a corto plazo.

Los cambios que se pretenden aprobar afectan a las actividades económicas que se desarrollan en más de la mitad de la superficie de España. Un terreno, el de los montes y bosques españoles, al que le quedan aspectos por mejorar, especialmente en materia de conservación y mantenimiento. El texto presentado este mes en el Congreso de los Diputados poco tiene que ver con el que se sometió a debate público el año pasado, y supone un antes y un después en la independencia de los Agentes Medioambientales, el futuro de los terrenos afectados por incendios, la tramitación de las licencias de caza y la falta de impulso a los planes de gestión sostenible de los bosques. Precisamente los cuatro caballos de batalla que enfrentan a vigilantes y vigilados. El Confidencial ha recopilado los distintos puntos de vista.

Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA): en contra

La modificación de la ley, "otra ocurrencia más del Partido Popular", es, por encima de todo, "el mayor atentado que ha tenido el cuerpo de Agentes Medioambientales en los últimos 140 años", afirma Díaz. El texto planea subordinar a este colectivo de 6.500 funcionarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –presumiblemente al Seprona de la Guardia Civil– y rebajarlos a la categoría de 'auxiliares'. Este hecho impedirá que los agentes investiguen delitos medioambientales, lo que a juicio del presidente de AEAFMA, es "atarnos de pies y manos".

"Lucharemos sin cuartel en unidad de acción para que no salga adelante esta ley, que va contra los ciudadanos, contra el patrimonio medioambiental y contra un colectivo de funcionarios de 140 años de historia", adelanta Díaz. El presidente de AEAFMA recuerda que la sala coordinadora de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado felicita año tras año la labor como policía judicial del colectivo [vea el documento aquí]. Sin embargo, "parece que somos molestos para el Gobierno".

Forestales, sindicatos, oposición y ecologistas, unidos contra la Ley de Montes

Santiago Arévalo, presidente de la Red Española de Municipios Forestales: a favor

El también alcalde de Enguera (Valencia) considera "positiva en general" la propuesta de cambio legislativo, "aunque podría haber sido mucho mejor la ley en lo relativo a la titularidad de los terrenos" –dice– y destaca los cambios burocráticos en la gestión forestal, ya que, a su juicio, simplifican mucho "el papeleo". La creación de empresas mixtas entre el empresariado forestal y los propietarios de montes –las llamadas sociedades forestales– supone además desbloquear el abandono del bosque.

Por otro lado, que con la ley vigente exista la prohibición de un cambio de uso del terreno en los 30 años posteriores a un incendio es "un agravio", asegura, para los municipios. "Somos personas adultas, y los que vivimos en el mundo rural estamos cansados de este tipo de tutelas; no puede ser que una ley cercene el derecho al desarrollo de un municipio", dice. En ese sentido, cree provechosa para los intereses municipales la polémica medida de levantar el veto a construir en terrenos que han sido afectados por el fuego, una iniciativa que aprobó el Ministerio de Agricultura de la socialista Cristina Narbona con el objetivo de desincentivar los incendios "especulativos".

Rubén Paz, secretario del sindicato profesional de Agentes Medioambientales de UGT

Este agente forestal afirma que "siempre hemos tenido problemas con la clase política en general porque hacemos nuestro trabajo y denunciamos a quien debemos, normalmente a grandes fortunas, y respecto a la variación de la categoría laboral de su colectivo no entiende "cómo un cuerpo de funcionarios civil, capacitado y en mayor número, debe subordinarse a un cuerpo de carácter militar" [en referencia al Seprona]. "Se puede dar la paradoja de que yo llegue, vea un delito y me tenga que estar de brazos cruzados hasta que venga un policía o guardia civil, y entretanto el infractor ha escapado".

Retamos a Ministra Tejerina a debatir públicamente su "reforma" con Agentes Forestales/Medioambientales. #StopLeyMontesPP @magramagob

— UGT-FORESTALES (@UGTForestales) enero 28, 2015

Paz considera que "el PP tiene bien claro que los forestales estorbamos", y pone de ejemplo que el ministro Gallardón "se dejó en el tintero el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quitarnos la función de policía judicial. Afortunadamente, el tiempo no les ha dejado". Y al margen de los problemas de los Agentes Medioambientales, que ven peligrar su independencia de acción, Paz se pregunta: "¿Acaso ha habido algún clamor social por cambiar la ley de montes vigente? ¿No chirría un poco que se quiera cambiar sin que haya habido una demanda por parte de la sociedad?"

Luis Fernández Villanueva, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca): a favor

Tampoco entre las asociaciones que representan los intereses de los cazadores se ponen de acuerdo a la hora de evaluar este cambio de ley. A diferencia de la postura de la Real Federación de Caza, que felicitó al Gobierno por la aprobación del anteproyecto, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) y la Oficina Nacional de la Caza se han mostrado más críticas. Y Aproca, que reconoce que este Gobierno es el primero en escuchar las demandas del sector cinegético, ve positiva la creación de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética y el establecimiento de una licencia única de caza, ya que con la normativa actual, en la cual un cazador debe solicitar una licencia distinta por cada comunidad autónoma, es "un caos legislativo".

Respecto a los planes de gestión, la asociación de propietarios de fincas rurales defiende que "no siempre es posible desarrollarlos" ya que, "si la Administración quiere trabajar en gestión forestal, antes tiene que poner dinero".

Forestales, sindicatos, oposición y ecologistas, unidos contra la Ley de Montes

Raúl de la Calle, secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales: en contra

De la Calle subraya cuatro elementos negativos que "olvida" el anteproyecto de ley: ni se reconoce el papel que juegan los montes a la hora de fijar y retener el CO2 emitido por los humanos, ni se promueve el uso de la biomasa como fuente de energía 'verde' –"una oportunidad perdida para explotar un recurso nuestro, generar empleo local y evitar la despoblación", critica–, ni se insiste en la obligación de crear planes de gestión forestal, punto clave para evitar el abandono del bosque –"esta nueva ley dará a los propietarios nada menos que 25 años más de plazo para lanzar su plan de gestión", recuerda–.

El secretario general insiste en el hecho de que su Colegio lleva demandando desde hace años al Ejecutivo que determinados documentos técnicos sean redactados por expertos titulados (por ingenieros de montes). "Es una demanda que el Partido Popular hizo suya en 2006, cuando estaba en la oposición, y nos sorprende mucho que ahora que el partido está en el gobierno no se haya recuperado esa demanda nuestra".

Francisco Cabezos, secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO: en contra

"Esta ley debería estar enfocada a la producción y mantenimiento de los montes, y punto. Pero desgraciadamente se ha hecho famosa por asuntos que nada tienen que ver", como la caza, la especulación y el "poner una mordaza a un colectivo histórico de funcionarios". A juicio del representante sindical, "los cambios introducidos por este Gobierno se están convirtiendo en el Día de la Marmota de los agentes".

En 2006, recuerda, el PP ya intentó "que se nos quitara la facultad de policía judicial" para investigar delitos. Al año siguiente, la Comunidad de Madrid intentó impedir "que pudiéramos entrar en fincas y montes privados, pero no lo consiguió. Y es que no se dan cuenta de que los montes, sean de la titularidad que sean, están sujetos a la vigilancia de la Administración Pública: el bien público está siempre por encima del bien privado", distingue.

Pilar Lucio, secretaria de Sostenibilidad del PSOE: en contra

El partido que aprobó la norma vigente tampoco coincide con los planteamientos de Tejerina. "Toda la legislación aprobada en esta legislatura va en detrimento de la protección medioambiental: Ley de Costas, Ley de Parques Nacionales y ahora esto. Parece que estas leyes están hechas para satisfacer las necesidades de una minoría muy minoritaria de la sociedad. Tenemos pensado solicitar una enmienda de devolución ya que no estamos de acuerdo en absoluto con este cambio de ley".

Juan López de Uralde, portavoz de Equo: en contra

"Con esta ley, se vuelve a abrir la puerta a los incendios especulativos. Además, la no obligatoriedad de contar con planes de gestión de montes va a provocar todavía más abandono y, en consecuencia, un aumento de los incendios. La filosofía general de estos cambios es entender el monte como negocio, y nosotros no nos oponemos a esta idea siempre que el monte sea sostenible en el largo plazo. De forma prácticamente desapercibida, el Partido Popular ha desmontado las políticas medioambientales desarrolladas desde la Transición".