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AEAFMA (Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales)

Más de 20 acusados se enfrentan a penas de cárcel por provocar incendios forestales

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Fuente: La Verdad

Más de 20 acusados se enfrentan a penas de cárcel por provocar incendios forestalesLa mayoría de ellos no fueron conscientes del grave riesgo que entrañaba su conducta hasta que era demasiado tarde. Una quema agrícola descontrolada o un cigarrillo arrojado por la ventanilla de un coche bastó para encender la chispa que acabó con un patrimonio de incalculable valor. 21 ciudadanos fueron imputados el pasado año en la Región por provocar incendios forestales, según los datos facilitados en la memoria de la Fiscalía General del Estado. Esta cifra triplica el número de imputados del año anterior y el fiscal de Medio Ambiente y Organismo, José Luis Díaz Manzanera, la achaca al éxito de las investigaciones realizadas por los miembros de la Policía Judicial y al mayor número de incendios forestales.

EL DATO
81% se dispararon los procesos judiciales por delitos medioambientales el pasado año. Pasaron de 191 en 2013 a 346 el pasado ejercicio, según consta en la memoria de la Fiscalía General del Estado.

Un autor no identificado

El pasado año, la Fiscalía de Medio Ambiente recibió 97 atestados por incendios forestales presuntamente causados por la mano humana, pero la gran mayoría de ellos, 78, fueron archivados, según consta en la memoria. La cifra de procedimientos abiertos el pasado año (97) por incendios forestales es mucho más elevada que la del año anterior (55) y la más alta de la última década. Díaz Manzanera tuvo que dar carpetazo a medio centenar de ellos ante la imposibilidad de localizar a los autores de los fuegos -principalmente causados por negligencias- y en los restantes (28) no se pudo acreditar si realmente había mediado la acción humana.

En el resto de atestados, el Seprona y los Agentes Medioambientales sí lograron poner cara a los presuntos responsables de los incendios y se imputó o detuvo a 21 personas, un número mucho más elevado que el de años anteriores. Cinco personas se enfrentan a penas de prisión por causar fuegos en parajes naturales de Cehegín y otras tres por hacerlo en zonas de Jumilla. En Calasparra, Mula, Bullas, Lorca y Águilas se imputó a otras dos personas. En Cieza, pese a que se abrieron 15 procedimientos, no se procesó a ningún responsable.

La causa de las detenciones, según explica Díaz Manzanera, se encuentra en casi todos los casos en negligencias por quemas agrícolas o por fumadores. El fiscal hace un reconocimiento expreso en su informe a la labor desempeñada por los cuerpos de Policía Judicial (Seprona y Agentes Medioambientales) y a la comisión técnica de seguimiento, evaluación e investigación de incendios forestales.

La investigación de los incendios forestales es solo una de las tareas que asume este área de la Fiscalía, a la que también está adscrito el fiscal Miguel Eduardo de Mata. El departamento incoó el pasado año 105 diligencias de investigación penal, un 37% del total de trabajo que asume la Fiscalía regional. Según consta en la memoria, los procedimientos judiciales por delitos medioambientales se dispararon un 81%, pasando de 191 a 346.

El volumen de trabajo de esta especialidad ha experimentado en los últimos años una tendencia creciente. En materia de medio ambiente, por ejemplo, se incoaron 34 diligencias de investigación, según consta en la memoria de la Fiscalía. Siete de estas diligencias partieron de denuncias de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por presuntos delitos de usurpación de aguas.

Riesgo en unas balsas mineras

Además, se registraron otra decena de diligencias por vertidos y vertederos ilegales. La Fiscalía destaca en este punto la querella que se interpuso contra cuatro empresas responsables de unas balsas o presas mineras de Mazarrón, que se encuentran en aparente estado de abandono. Díaz Manzanera explica que indiciariamente se ha acreditado un peligro para el medio ambiente por riesgo evidente de rotura o colapso de las presas. El Seprona ya ha emitido un informe sobre la situación en la zona, tras sobrevolarla en helicóptero, y ha confirmado que las viviendas de la zona podrían verse afectadas. Actualmente esta querella está en trámite en un juzgado de Totana.

El Ministerio Público explica, en su informe, que el pasado año también se incoaron seis diligencias por emisiones de gases a la atmósfera y destaca aquellas en las que se investigan varios episodios de contaminación en Alcantarilla por el denominado Polo Químico. En materia de contaminación acústica, la Fiscalía puso el sello a siete diligencias de investigación y destaca en su informe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que impuso nueve años de inhabilitación -el Supremo los rebajó a siete- a la exalcaldesa de Pliego y exdiputada popular, Isabel Toledo, y a su antecesor en el cargo, el socialista Juan Guillén González, por no poner freno al exceso de ruido en un bar de la localidad.

Lazos-cable para zorros

En materia de flora y fauna, la Fiscalía incoó ocho diligencias de investigación remitidas por la brigada de investigación de delitos ambientales (Brida) y por la dirección general de Patrimonio Natural y cinco de ellas acabaron archivadas. El informe destaca, en este ámbito, la condena que impuso un juzgado de lo Penal de Murcia al acusado de colocar ocho lazos-cable con la finalidad de cazar zorros. Éste reconoció los hechos y se conformó con la pena.

El área de ordenación del territorio concentra, sin embargo, la mayor parte del trabajo de esta especialidad. El pasado año se presentaron 64 querellas por delitos de esta naturaleza y se dictaron 18 sentencias, doce de ellas condenatorias. El fiscal hace hincapié, en este punto, en las demoliciones de construcciones ilegales y denuncia la reticencia de los jueces a la hora de ordenarlas. «Se han interpuesto por el fiscal varios recursos de apelación por no haberse accedido por el juez a la demolición, incluso en casos de edificaciones que se encontraban en fase de estructura y ni siquiera estaban terminadas y habitadas, lo que ha generado, al menos, perplejidad en esta Fiscalía», recalca el fiscal. Este explica que la Audiencia no suele admitir estos recursos argumentando que existen más viviendas en la zona o que éstas ya cuentan con servicios de alcantarillado o agua. La Fiscalía, recalca, sigue interponiendo recursos pese al criterio generalizado de los juzgados de lo Penal de no decidir sobre estas demoliciones y dejar que el asunto se dirima en vía administrativa.

La labor que realiza el Ministerio Público contra el maltrato de animales domésticos es una de las que más ha aumentado en los últimos años. El pasado año se incoaron 64 procedimientos judiciales por estos delitos frente a los tres que, por ejemplo, se registraron en 2008, los 23 de 2011 o los 13 del pasado año. Díaz Manzanera destaca, en su informe, algunas diligencias, como aquellas abiertas en un juzgado de Murcia por una pelea de gallos en la que los animales sufrieron lesiones graves, las que tramita un juzgado de Caravaca de la Cruz contra un vecino por prender fuego a un pollo vivo o las que instruye un órgano de Molina de Segura contra el acusado de tener a su cargo numerosos animales domésticos, a los que tenía abandonados y desnutridos. Pese al peso que comienzan a cobrar este tipo de delitos, el pasado año solo hubo una sentencia condenatoria por estas diligencias.