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AEAFMA (Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales)

Veneno en el municipio de Tinajo, en Lanzarote

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Fuente: La Voz de Lanzarote

LOCALIZARON HASTA 33 PUNTOS DE VENENO EN UNA FINCA DE LAS QUEMADAS
Investigan el hallazgo de veneno y cadáveres de animales en Tinajo

Veneno en el municipio de Tinajo, en LanzaroteLa Nueva Sociedad de Cazadores de Lanzarote ha alertado este lunes del hallazgo de hasta 33 puntos de veneno en una finca de Las Quemadas, en el municipio de Tinajo. El colectivo dio aviso al Seprona y a los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, que según han confirmado desde la Guardia Civil son quienes se han hecho cargo de la investigación. Desde la sociedad inciden en el "peligro" de estos venenos, cuyo uso recalcan que es "ilegal". 

La Sociedad de Cazadores ha explicado que recibió la llamada de un particular avisando de que había detectado pequeñas esferas rojas y marrones que podrían ser veneno y les trasladó, además, que había "animales muertos en la zona". Sus guardas se encargaron de tomar fotografías de esas esferas y de avisar al Seprona y los agentes de Medio Ambiente del Cabildo. Estos últimos tomaron muestras del supuesto veneno y ahora están llevando a cabo una investigación. 

A raíz de este suceso, el colectivo de cazadores ha remitido un comunicado en el que subraya que “la utilización de cebos envenenados en el medio natural constituye una de las prácticas más lesivas para los ecosistemas en general y para determinadas especies de fauna amenazada en particular”. “Esta circunstancia justifica que se adopten medidas dirigidas a la erradicación de esta práctica, prohibida por la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad” desarrollada por el Gobierno de Canarias, inciden. 

“Perjuicios medioambientales y para la salud pública”

Esa legislación recoge la “necesidad de informar sobre los perjuicios del uso del veneno”, señala la asociación, que explica que pueden ser “desde perjuicios medioambientales, por los daños que el uso de veneno puede causar en poblaciones de especies no solo cinegéticas sino protegidas y de alto valor ecológico, como perjuicios de salud pública, causados por la ingesta por parte de seres humanos de animales que previamente hayan consumido estos venenos”.

“También es nuestra labor informar las responsabilidades penales y/o sanciones administrativas en las que puede incurrir”, agregan. Así, la Sociedad de Cazadores expone que las multas por el uso de veneno de forma ilegal en el medio no rural pueden llegar a los 9.000 euros. Además, “podría llegar a tratarse de un delito tipificado en el artículo 325 del nuevo Código Penal”, inciden.

Igualmente, desde la Sociedad de Cazadores apuntan que, en lo que se refiere a la normativa de Caza, la ley se refiere también al uso de los venenos asociados a la actividad de la caza, “constituyendo una infracción grave del artículo 49.18”, explican. Así, el delito de “cazar empleando venenos, sin estar autorizado legalmente” también está recogido en el Código Penal. 

“El intentar sensibilizar de este problema mediante labores de educación ambiental va parejo a la prevención de su uso. Para ello, se debería promover la inserción de anuncios en los principales medios de comunicación sobre los perjuicios para la fauna del uso de venenos y sobre la tipificación como delito de esta actividad. La difusión en los medios de comunicación del trabajo de los agentes de la autoridad en la investigación e interceptación del uso de venenos y, sobre todo, de los casos en donde se imputa a un responsable por estos hechos, se cierran cotos, etc. es primordial por el efecto disuasorio que tiene ante los futuribles infractores y sobre todo en la lucha contra la sensación de impunidad de los envenenadores”, agregan desde la Sociedad.

La Sociedad de Cazadores de Lanzarote firmó un Convenio de Colaboración Medioambiental con el Cabildo en abril de 2015. En virtud de ese acuerdo, el colectivo participa en las “labores de control mediante la aplicación de los protocolos de actuación” recogidos en la orden del Gobierno de Canarias que desarrolla la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.