LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
Dos Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura sufrieron el pasado 3 de septiembre un incidente que ha sido comunicado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Badajoz, según denuncia SGTEX (Sindicato General de Trabajadores Extremeños).
El Fiscal quiso mostrar su reconocimiento a los Agentes por su «magnífica aportación, la gran colaboración y predisposición para descubrir todos esos ilícitos que luego trasladan a la Fiscalía».
Joaquín Araujo, el responsable de la Fiscalía de Medio Ambiente, Antonio Vercher, y el presidente de la International Rangers Federation, Gordon Miller son algunos de los ponentes que se han reunido en el V Congreso Nacional de Agentes Medioambientales que acoge durante esta semana Gran Canaria.
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM), ha denunciado ante la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo, el “incumplimiento” de los planes de inspección de calidad ambiental por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
La Fiscalía ve peligrar la investigación de incendios por una reorganización del Gobierno de Asturias: «parece que la nueva labor se encuadra más en la vertiente de la investigación de la causa que en la de tratar de averiguar la posible autoría»
La Fiscalía va a investigar una denuncia de un guarda forestal de la Diputación de Álava que lleva los últimos años viendo cómo un número muy importante de las denuncias por multas de caza o furtivismo que pone en el monte son posteriormente sobreseídas, caducadas, no iniciadas o rebajadas de grado cuando llegan a los despachos de la Diputación.
Según relata el guarda en la denuncia ante la Fiscalía a la que ha tenido acceso la CADENA SER, la Diputación está incumpliendo de forma sistemática varios artículos de las leyes de caza que hay en el País Vasco y en el Estado.
Galicia sigue en alerta tras un verano difícil y complicado con múltiples incendios.
Justo en un momento en el que la vigilancia era menor un agente de la Xunta sorprendió a un vecino prendiendo fuego con un mechero en una zona de maleza. Estaba bajo vigilancia y gracias a la labor de los agentes se pudo impedir un nuevo incendio. El incendiario llevaba un mechero, que fue entregado como prueba.
Para muchos esta pregunta tiene una única y rotunda respuesta; si. No sólo fue galardonada por AEAFMA con la seta más venenosa de España. Tiene en contra a expertos, profesionales y colectivos cuya misión es la protección del medio ambiente.
Su mandato más que polémico está resultando un auténtico quebradero de cabeza. La modificación de la Ley de Montes, la nefasta gestión de la empresa pública TRAGSA en múltiples ámbitos, ignorar la petición de la denominación de bombero forestal por parte de aquellos que se enfrentan al fuego de un terreno que podrá ser recalificado, su trato hacia el cuerpo de Agentes Forestales y Medioambientales tratando de limitar su estatus de policía judicial medioambiental como mano derecha de la Fiscalía. Son demasiados los frentes abiertos en contra de la Ministra, quien cuenta con cada vez menos apoyos.
Con motivo de la presentación del último informe coincidiendo con la apertura del año judicial, desde la Fiscalía se ha anunciado que quiere involucrar a todos los niveles de la administración en la lucha contra el veneno.
Los cebos y las sustancias prohibidas siguen estando presentes en nuestro entorno y provocando numerosos daños medioambientales.
Durante el juicio celebrado esta semana en Manresa, los dos acusados de envenenar mortalmente a 14 perros han negado los hechos. Se trata de dos cazadores de Sant Salvador de Guardiola a quienes la Fiscalía culpa de colocar cebos con carne impregnada de un insecticida muy peligroso para el medio ambiente y para el ser humano. Además de los perros, los cebos también terminaron con la vida de tres zorros.
La Fiscalía pude dos años de prisión, una multa de 4.800 euros, inhabilitación de tres años para la práctica de la caza además de indemnizaciones para los propietarios de los animales muertos de hasta 8.939 euros.
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