LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de Agentes Medioambientales de Andalucía, una reivindicación histórica que dota al Cuerpo de un marco jurídico propio, moderno y estable.
La nueva norma reconoce la función esencial de los agentes en la protección del medio natural y abre una nueva etapa para su organización, seguridad y especialización.
Cuando por fin obtienes tu plaza como funcionario de carrera, lo último que esperas es que la propia administración te niegue derechos tan básicos como trasladarte de provincia o conciliar tu vida familiar.
Eso es lo que viven, desde hace más de 20 años, los Agentes Medioambientales C2.2003 de Andalucía: un colectivo atrapado en un limbo administrativo que los condena “de por vida”.
Los Agentes del Medio Natural extremeños volvemos a manifestarnos en Mérida el próximo día 14 de septiembre pidiendo, además del cese de la actual Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, el que se respeten los acuerdos que hubo en el 2005 en cuanto a la subida de nuestro Complemento Específico, al ascender de escala el colectivo. Cosa que se ha obviado tanto por parte de la Consejería de adscripción de los agentes, como por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
La plataforma en defensa de la creación de una ley del cuerpo de agentes medioambientales (integrada por la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales -APAMCV- y las organizaciones sindicales CSIF y USO) ha denunciado públicamente la «connivencia» de la Administración pública valenciana y el resto de organizaciones sindicales con presencia en el ámbito de la negociación (UGT, CCOO e Intersindical Valenciana) por oponerse «de manera total y absoluta» a la creación de dicha ley.
El gobierno del PP ultima el anteproyecto de la Ley de Empleo Público de Galicia, donde entre otros graves recortes y retrocesos para el personal de la administración pública, destaca la derogación de la Ley de la Escala de Axentes Facultativos Medioambientais.
El actual borrador de la LEPG es el mayor ataque sufrido por este colectivo a lo largo de su dilatada historia, casi 140 años al cuidado y defensa del medio natural. UGT, CSIF, CCOO y CIG y la Asociación Profesional de Agentes Forestales de Galicia (APRAFOGA) exigen que se modifique, antes de su trámite parlamentario.
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