LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha calificado de «precaria» la seguridad con la que trabajan cuando se va a cumplir el primer aniversario del asesinato de los agentes rurales Xavier Ribes y David Iglesias en Lleida a manos de un cazador furtivo.
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Transcurrido un año desde el asesinato de dos Agentes Rurales en Lleida, no se adoptado ni un sola medida encaminada a mejorar la seguridad de los agentes.
Como cada día y al igual que sucede en el resto de comunidades autónomas del Estado, Xavier y David tuvieron que comenzar su servicio abandonados a su suerte, sin ningún tipo de defensa que les permitiera, al menos, minimizar los riesgos a los que los Agentes Forestales se enfrentan en su día a día. Por desgracia, ese sería su último servicio ya que morirían de la mano del asesino confeso, Ismael Rodríguez, sin una mínima opción de defensa.
El inicio de la temporada de caza en la Comunidad de Madrid, el pasado domingo, ha motivado que los Agentes Forestales de la región, a través de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se movilicen para pedir al Ejecutivo autonómico las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de estos trabajadores.
Las medidas de seguridad transitorias adoptadas por la Generalitat tras el asesinato de dos Agentes Rurales en Aspa (Lleida) en enero no convencen ni a los agentes ni a la administración.
La Asociación Profesional de Agentes Rurales de Catalunya (ASPARC) y CC OO creen que no hay funcionarios ni medios materiales suficientes para aplicar el protocolo.
Las familias de los Agentes Rurales que murieron en enero en Aspa por cuatro disparos de un cazador acusarán de asesinato al joven de Vacarisses que les disparó, Ismael Rodríguez, y pedirán para él una pena de 40 años de cárcel, según el abogado que les representa, Pau Simarro.
Rodríguez disparó en cuatro ocasiones para terminar con las vidas de los Agentes.
Tras el asesinato de dos agentes rurales en Lleida, la Asociación Española de Agentes reclama una Ley Básica Estatal que recoja sus potestades y que se reconozca su condición policial medioambiental. Denuncian intentos de apuñalamiento, amenazas de todo tipo e incluso la introducción de cabezas de animales en vehículos.
En Aragón, los Agentes para la Protección de la Naturaleza llevan 10 años esperando que el Gobierno autonómico redacte un procedimiento de actuación.
Con escopeta en mano, chalecos antibalas, un arma defensiva y en grupos de tres, los Agentes Rurales de Cataluña están haciendo controles ordinarios de caza. Hasta ahora tan sólo la podían llevar en actuaciones contra la caza ilegal.
Tras el asesinato de dos Agentes Rurales se han puesto en marcha estas medidas, pero la Federación Profesional de Agentes Rurales de Cataluña insiste en que no hay suficientes recursos para aplicar las nuevas medidas de seguridad.
“Cuando estén en acto de servicio llevarán obligatoriamente el arma que corresponda”.
Ese es el fallo que, el 1 de febrero de 1993, dictó el Tribunal Constitucional (TC) a propósito de un conflicto de competencias vinculado con el reglamento de los agentes rurales de la Generalitat. Tras el asesinato de dos Agentes Rurales, el debate sobre la necesidad de portar armas como medida de defensa está sobre la mesa.
Dos compañeros Agentes Rurales son asesinados en acto de servicio en Lleida mientras trataban de identificar a un cazador en situación irregular.
En medio de una investigación sobre una posible red organizada de furtivismo de caza mayor, miembros del Cuerpo de Agentes Rurales interceptaron el pasado sábado, día 12, a un cazador furtivo en el término municipal de Alt Àneu (Pallars Sobirà).
Los Agentes fueron testigos de cómo el hombre, procedente de Madrid y acompañado de un guía local, disparaba y daba muerte a varios rebecos utilizando un rifle de calibre medio con un silenciador acoplado.
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