LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
El Govern se resiste a pagar a las familias de los Agents Rurals asesinados en Lleida.
5 años después, allegados de las víctimas siguen denunciado la inacción de la Generalitat para prevenir crímenes de este tipo.
El aljibe se encuentra junto a la playa de Pedro Barba, en una zona frecuentada por turistas y familias con niños, y no solo supone un peligro para la seguridad de las personas, sino también para la fauna de la zona.
Los Agentes de Medio Ambiente han puesto en conocimiento de las administraciones competentes la situación en varias ocasiones, sin que se haya hecho nada por resolver el problema.
La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha emitido un informe desfavorable a la petición hecha por las familias de los dos agentes rurales asesinados en Aspa (Lleida) en enero de 2017, que reclamaron en concepto de responsabilidad patrimonial 777.321,46 euros. Una vez emitido el dictamen se espera que en breve el Departamento de Agricultura resuelva si estima o no indemnizar a los familiares de Xavier Ribes y David Iglesias, quienes fueron abatidos por dos tiros mientras llevaban a cabo un control de caza.
Las familias de los Agentes Rurales que murieron en enero en Aspa por cuatro disparos de un cazador acusarán de asesinato al joven de Vacarisses que les disparó, Ismael Rodríguez, y pedirán para él una pena de 40 años de cárcel, según el abogado que les representa, Pau Simarro.
Rodríguez disparó en cuatro ocasiones para terminar con las vidas de los Agentes.
Ha vuelto a ocurrir, esta vez en la provincia de Castellón. La noche del jueves 21 al viernes 22, se produjeron pintadas en varios domicilios y vehículos particulares de Agentes Medioambientales de la Comunidad Valenciana, así como en los de algunos familiares cercanos.
Estas pintadas se producen con motivo de su labor profesional, relacionada con la protección medioambiental y, en concreto, de diversas actuaciones llevadas a cabo contra el uso ilegal del “parany” para la captura de aves. Estos mismos agentes y sus familias ya habían sufrido amenazas con anterioridad. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente y los afectados cuentan con el respaldo del Gobierno de la Generalitat Valenciana.
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