LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
En Madrid solo quedan 177 efectivos (25 mujeres), uno por cada 37.000 habitantes o por cada 2.746 hectáreas protegidas. Inabarcable e inasumible para un cuerpo que fue creado legalmente en 2002 (aunque sus orígenes datan de 1877, con los capataces de cultivo) y que tiene las funciones de policía medioambiental.
Tarde o temprano tenía que pasar, se veía venir. La desgracia se ha cebado con José Vélez, un pobre incauto, vecino del Escorial, al que se le ocurrió cortar de urgencia un simple fresno decrépito que amenazaba con desplomarse sobre su propia vivienda tras una tormenta. El árbol estaba en el jardín de su propia casa, en una urbanización y en casco urbano.
Pero ahí estaba la Ley del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, que acechando con su peligro sordo, le asestó por sorpresa un desproporcionado hachazo de 100.000 euros que le ha arruinado la vida y ha ocupado páginas de periódicos. Otra ley envenenada que dejó a los madrileños la simpar Esperanza Aguirre.
El alto tribunal ha anulado el intento del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid de impedir que los Agentes Forestales pudiesen entrar en fincas privadas sin autorización judicial. La redacción del Auto no deja lugar a dudas. El planteamiento del Gobierno de Esperanza Aguirre era “restrictivo e injustificado” y contradecía de forma clara la normativa básica estatal e iba contra el “interés general de protección del medio ambiente”.
La “acción” enmarcada en una Ley autonómica fue calificada por la exministra socialista Cristina Narbona como una burla a las instituciones parlamentarias, lo que propició el consiguiente recurso del Gobierno socialista de inconstitucionalidad, y cuyo fallo hoy conocemos.
No es difícil extrapolar esta acción a la Ley Básica de Montes cuya modificación ha entrado en vigor esta semana y donde nuevamente el Gobierno del PP puso sobre la mesa, similares o mayores restricciones injustificadas para el colectivo de Agentes Forestales. Las correcciones de última hora vía enmiendas parlamentarias evidenciaron el sin sentido de la propuesta y la necesidad de fortalecer el estatuto básico de esta profesión.
La normativa básica estatal impone una jerarquía que favorece el interés general y limita algunas acciones de Gobiernos autonómicos y municipales, que no dudan en “castigar” a su antojo a sus Agentes Forestales cuando osan denunciar a poderosos amigos, como era el caso de Madrid y/o Zaragoza.
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