LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha informado del decomiso en un coto de caza menor de la provincia de Toledo, de una caja-trampa para urracas, un cepo y un gran número de lazos que no contaban con freno ni quita-vueltas ni tampoco con su correspondiente permiso de uso.
En el municipio de Abadín detuvieron a un escurridizo cazador ilegal que, aprovechando su conocimiento de la zona y la nocturnidad, colocaba lazos de acero para atrapar animales salvajes. Lo hacía en una finca de montaña en A Fraga Vella, propiedad de la Xunta, donde la Consellería de Medio Ambiente controla un rebaño de ciervos en libertad con fines de repoblación cinegética.
La ley de caza y pesca fluvial de la Región de Murcia establece sanciones desde 300 hasta los 3.000 euros por la colocación de cepos, además de estar prohibido como procedimiento para la caza o muerte de animales por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Por ello, tras la aparición de una perra con heridas en las patas delanteras y los indicios de que el origen fuera un cepo, un dispositivo de búsqueda formado por Agentes Forestales rastrea la zona de Albanilla en busca de más trampas.
España está cuajada de miles de lazos ilegales de caza. Pero nadie se hace responsable a la hora de cuantificar el problema de los tramperos furtivos. Ninguna Administración competente (autonomías o Guardia Civil) admite el volumen de ligaduras metálicas en sus territorios a pesar de que los Agentes Forestales retiran cada temporada miles de ellos.
“No interesa que sepa cuánto se caza así”, cuentan a eldiario.es fuentes forestales. Al fin y al cabo, el objetivo de los lazos es convertir los cotos de caza en explotaciones cinegéticas rebosantes de perdices y conejos listos para ser abatidos por escopetas.
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