LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
La respuesta ante emergencias ambientales requiere coordinación inmediata entre sanitarios, agentes forestales y medioambientales, autoridades locales, bomberos forestales y otros colectivos competentes según el tipo de emergencia.
Agentes de la Policía Foral, adscritos a Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tudela, han detenido este fin de semana en Cascante a dos vecinos de la localidad por los supuestos delitos de amenazas, atentado contra la autoridad y resistencia y desobediencia grave.
Los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F y AEAFMA, ante las declaraciones del nuevo teniente coronel de la Comandancia de Soria, Andrés Manuel Velarde, quien sostiene que va a “priorizar la vigilancia del patrimonio y del medioambiente”, consideramos que la Guardia Civil, teniendo en cuenta la escasez de recursos públicos, donde debería volcar todos sus esfuerzos, por encima de todo, es en la seguridad ciudadana.
La vigilancia, protección e inspección del medioambiente puede y debe llevarla a cabo por el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, lo que debería hacerse extensivo al resto de Comunidades Autónomas, evitando duplicidades.
Debido a las alertas por fuertes vientos y a los reiterados cortes de tráfico que sufre la carretera SO-P-5225 en la provincia de Soria, los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León recorren habitualmente la carretera entre Muriel Viejo y Talveila.
El pasado martes en 20 minutos los Agentes Medioambientales consiguieron habilitar la carretera, que había sido cortada por dos pinos de grandes dimensiones. Un ejemplo de rapidez, eficacia y eficiencia de un servicio público que aunque dedicado a la protección del medio ambiente, otras muchas utilidades.
En relación con las propuestas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), AEAFMA valora muy positivamente que por fin se plantee la coordinación entre los diferentes agentes de la autoridad con competencias en la protección ambiental y de la naturaleza.
Aunque se debería de reflexionar sobre si, con los graves problemas de seguridad ciudadana que siguen acrecentándose día a día en el ámbito rural, la Administración puede permitirse que casi dos mil guardias civiles y un número indeterminado de policías autonómicos y locales, con plenas competencias en seguridad pública, sigan dedicándose a hacer las mismas funciones que están desempeñando los Agentes Forestales y Medioambientales, en vez de realizar las tareas de prevención y persecución de la mencionada actividad delincuencial.
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