LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
Los hechos fueron aclarados gracias a la intervención de un Guarda Forestal de la Diputación, que en sus funciones de policía judicial investigó los hechos e interpuso la correspondiente denuncia.
La sentencia considera probado que el autor golpeó a los perros con un objeto contundente en la cabeza y los abandonó en el bosque.
De aquel caso de furtivismo se presentaron tres denuncias, una por parte de los testigos y otras dos (una contra cada una de los supuestos furtivos) por parte del guarda de la Diputación, Andoni Díaz. Pero los dos implicados se libraron de la apertura de un expediente sancionador por caza furtiva. Tan sólo se incoó un expediente sancionador leve por cazar fuera del horario permitido a uno de los dos implicados. Todo lo relacionado con la caza furtiva se quedó en nada.
La Justicia ha ordenado tirar abajo una hípica construida sobre suelo protegido en Madrid. En una sentencia dictada recientemente, la Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio a la dueña de esta hípica situada en la localidad de Villanueva de Perales, al oeste de la Comunidad de Madrid, por levantar las edificaciones sin licencia y en suelo no urbanizable.
El próximo 2 de noviembre se iniciará el juicio contra Enrique L.D. Según la Fiscalía, el Guardia Civil acusado provocó de forma deliberada y voluntaria 20 incendios en parajes naturales en Madrid entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 2013 en distintos puntos; Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo y Villanueva de Perales (sierra suroeste).
El guardia civil está acusado de un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas, nueve delitos de incendio forestal cualificado, tres delitos de incendio forestal y siete faltas de daños. Todas estas agresiones medioambientales, localizadas entre, supusieron graves daños en las parcelas afectadas, algunas de ellas consideradas Espacios Naturales Protegidos.
El Fiscal ha pedido cinco años de cárcel para la pareja acusada de construir tres edificaciones en el «Parque Regional del curso del río Guadarrama y su entorno», en el término de Villaviciosa de Odón, en Madrid. Se les atribuye un delito contra la ordenación del territorio.
Los acusados han sostenido que las edificaciones ya estaban en la finca cuando la adquirieron y que se limitaron a realizar «labores de mantenimiento», ya que cuando la compraron se encontraba en barbecho y querían hacer un criadero de animales, por lo que fueron «limpiando y acondicionando».
Agustín S.M. ha reconocido desde el primer instante cuál fue su intención y lo que pretendía hacer con las tortillas envenenadas con un potente plaguicida que troceó y colocó en unas madrigueras.
Quería acabar con los zorros que había en su finca, situada en Albarreal de Tajo (Toledo), ya que éstos se comían los conejos y perdices y estropeaban la temporada de caza y no podía alquilar la finca. Fue sorprendido por un Agente Medioambiental y tras reconocer los hechos ante el juez podría ser condenado a dos años de cárcel.
Seis ejemplares de águila imperial ibérica y un zorro fueron las víctimas de los cebos que utilizó el ganadero en la finca de la Encomienda de Mudela (Viso del Marqués, Ciudad Real). El autor de los hechos no sólo ha sido condenado a año y medio de cárcel, además deberá indemnizar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha con 360.000 euros por el valor de las especies afectadas.
El ganadero de Valdeolea, Cantabria, quiso acabar con el lobo que amenazaba a su ganado y terminó con la vida de 30 ejemplares de diferentes especies: cuatro buitres, once milanos reales, tres zorros, cinco perros y un gato. Ahora la justicia le condena a dos años de inhabilitación para ejercer su profesión, así como cuatro años de inhabilitación para el ejercicio del derecho de cazar, y a indemnizar al Gobierno de Cantabria en 118.770 euros.
Gracias a la labor de investigación de los Agentes Forestales se ha podido juzgar al ganadero acusado del caso más grave de envenenamiento de fauna en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La sentencia, además de condenarle a dos años de prisión, le inhabilita para ejercer su profesión por un periodo de dos años y para practicar la caza durante cuatro años. Una sentencia fruto del trabajo conjunto de los Agentes Forestales y del poder judicial.
El Guarderío Forestal de la Demarcación de Tudela en Navarra, encontró entre los meses de Abril y Septiembre de 2012, unas 140 rapaces muertas en los cotos de Montes de Cierzo y Monte Alto de Tudela, y en el coto de Cintruenigo, realizando el atestado correspondiente los Guardas Forestales de Tudela.
Esto provocó que se detuviera a 5 personas por parte de la Policía Foral, ya que el uso de veneno para la caza está tipificado como un delito contra el medio ambiente en el Código Penal y puede ser castigado con pena de prisión.
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