LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía carga contra el juez, la Fiscalía y las administraciones por no actuar ante las irregularidades en el parque desveladas en la ‘operación Zacayón’ de la Guardia Civil.
El Principado ha hecho caso omiso de la declaración de firmeza de la sentencia por la que el magistrado-juez David Ordóñez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, condenaba a la Administración regional a abonar los 233 euros de la minuta de una abogada a la que un guarda del Medio Natural tuvo que recurrir, a título particular, para que le asistiera, en calidad de denunciante, en un juicio contra un vecino que profirió amenazas contra él.
El agente había identificado a S.C.G., en un informe, como una de las personas que había sido sorprendido «in fraganti» cuando realizaba una quema.
El juzgado penal de Manresa (Barcelona) ha dado un plazo de seis meses a la empresa minera para explicar cómo prevé descontaminar los pozos y acuíferos salinizados de Súria y Sallent, en cumplimiento con la sentencia que le obliga a reparar el daño ambiental causado.
El juez, además, pide a los Agentes Rurales que actúen como Policía Judicial identificando a los propietarios particulares de los pozos y fuentes afectados para que puedan también acreditar los daños sufridos.
Agustín S.M. ha reconocido desde el primer instante cuál fue su intención y lo que pretendía hacer con las tortillas envenenadas con un potente plaguicida que troceó y colocó en unas madrigueras.
Quería acabar con los zorros que había en su finca, situada en Albarreal de Tajo (Toledo), ya que éstos se comían los conejos y perdices y estropeaban la temporada de caza y no podía alquilar la finca. Fue sorprendido por un Agente Medioambiental y tras reconocer los hechos ante el juez podría ser condenado a dos años de cárcel.
Los Agentes Forestales y Medioambientales de toda España están pendientes de su futuro. La reforma de la Ley de Montes remitida por el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados podría privarles de su capacidad para denunciar ante la fiscalía o ante un juez los delitos ambientales con los que se encuentran en su trabajo diario. Incendios forestales, trampas ilegales, uso de veneno, maltrato animal…
Si se aprueba la reforma tal y como está, los agentes no podrán más que ser espectadores de este tipo de delitos y sus competencias se verán reducidas a faltas administrativas. Son muchos los delitos contra el Medio Ambiente que han perseguido en sus 140 años de historia, pero algunos casos han sido sonados.
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