LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
El Gobierno ha aprobado aplicar un coeficiente reductor del 0,20 en la edad de jubilación de los Agentes Forestales y Medioambientales. Con esta medida, se reconoce la dureza y el riesgo de su labor como Policía Medioambiental, equiparando sus condiciones a las de los Bomberos Forestales.
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Tras la paralización por la convocatoria de elecciones, la necesaria Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales vuelve al Consejo de Ministros para su aprobación. Volvemos a empezar el trámite parlamentario y esperamos que, esta vez sí, se haga realidad.
El Consejo de Ministros ha autorizado exceptuar la aplicación de la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se regulaban las operaciones de cierre del ejercicio relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, con el fin de tramitar la contratación de medios aéreos para la lucha contra los incendios forestales en las campañas de 2017 y 2018.
La tramitación de expedientes corresponde al servicio de 19 helicópteros de transporte de brigadas y lanzamiento de agua que, para las campañas de invierno y verano de 2017 e invierno de 2018. También se aprueba la tramitación del expediente para la contratación de 6 aviones anfibios de 3.100 litros de capacidad de descarga para la campaña 2017.
Este Día Mundial Forestal viene marcado en España por el debate sobre la reforma de la Ley de Montes, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de enero. El texto contempla, el cambio de uso de suelo forestal afectado por un incendio por motivos de interés público, la modificación de las competencias de los Agentes Forestales o la agrupación de propiedades forestales para favorecer su gestión y protección.
Pero el anteproyecto ha provocado críticas en sindicatos, grupos ecologistas, Agentes Forestales e, incluso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a quienes no les gusta la reforma.
Los Agentes Forestales y Medioambientales de toda España están pendientes de su futuro. La reforma de la Ley de Montes remitida por el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados podría privarles de su capacidad para denunciar ante la fiscalía o ante un juez los delitos ambientales con los que se encuentran en su trabajo diario. Incendios forestales, trampas ilegales, uso de veneno, maltrato animal…
Si se aprueba la reforma tal y como está, los agentes no podrán más que ser espectadores de este tipo de delitos y sus competencias se verán reducidas a faltas administrativas. Son muchos los delitos contra el Medio Ambiente que han perseguido en sus 140 años de historia, pero algunos casos han sido sonados.
Distintas agrupaciones de Bomberos Forestales se han concentrado en Madrid para reclamar al gobierno mejoras laborales y pedir el reconocimiento de su categoría profesional. Esta concentración se produce días después de que el Consejo de Ministros aprobara la reforma de la Ley de Montes.
También han estado presentes en la protesta varios representantes de los Agentes Forestales, un colectivo que se ha solidarizado con los bomberos y ha acudido a la concentración. Ellos también se ven afectados con la reforma de la Ley de Montes, que les impide que puedan, como hasta ahora venían haciendo, investigar y remitir a la Fiscalía sus atestados en casos de delitos penales.
El anteproyecto de reforma de la actual Ley de Montes propuesta por el partido popular dificultará la persecución del delito medioambiental por parte de los miembros del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y de los compañeros de las demás Comunidades Autónomas. Actualmente, los Agentes Forestales persiguen los delitos auxiliando directamente a Jueces y Fiscales, sin embargo, de salir adelante la modificación, pasarían a auxiliar a la Guardia Civil, lo que duplicará el trabajo, y retrasará las investigaciones de los Delitos.
AEAFMA ha afirmado que la futura ley de Montes, que ha sido registrada en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, es el «mayor atentado» que ha sufrido este colectivo en sus 140 años de historia.
La futura ley «aparta» a los Agentes Medioambientales y Forestales de cualquier investigación de supuestos ilícitos penales, como la investigación de incendios forestales, en casos de veneno o en casos de ordenación del territorio, entre otros, a pesar de ser los que están mejor preparados y capacitados para investigar cualquier delito en el medio natural.
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