LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
La provincia de Ávila cuenta con 117 plazas de Agente Medioambiental para toda la provincia, en la actualidad están ocupadas 81 con el “parche” de 12 interinos y una previsión de 27 jubilaciones en 2025 ya que la edad media supera ya los 55 años.
Desde APAM-CLM volvemos a pedir respeto profesional hacia el Cuerpo de Agentes Medioambientales, ya que los esfuerzos se deberían centrar en mejorar la coordinación entre los diferentes Cuerpos policiales y no en una absurda lucha mediática por atribuirse méritos que la sociedad jamás entendería.
Los Agentes Forestales exigen mejoras y ser reconocidos como Policía Medioambiental
En muchos países de la UE los funcionarios encargados de la vigilancia y protección medioambiental están regulados por la legislación del resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Ciudadana.
Es necesario que el Estado Español establezca un marco normativo que desarrolle y aclare las competencias y facultades de los Agentes Forestales y medioambientales de las diferentes administraciones públicas, en coordinación con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha reforzado el dispositivo de vigilancia en la Reserva de Caza de los Montes Universales para prevenir posibles acciones de furtivismo como las que han tenido lugar recientemente.
Compuesto por guardas de caza y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), trabajará en coordinación con la Guardia Civil recabando datos sobre personas o vehículos que pudieran estar implicados en hechos de esta naturaleza.
La polémica estalló al sustituir el “actual sistema de trabajo basado en la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” por la “subordinación” a la hora de realizar sus actuaciones. Y es que de aprobarse la normativa, los agentes dejarían de formar parte de un cuerpo independiente para convertirse en un ente auxiliar de la Guardia Civil.
En sintonía con la necesidad de proteger las actuales competencias del colectivo, el presidente de APAMCYL, Esaú Escolar, sostiene que el fin último de este cambio en el reglamento persigue la paulatina incorporación de la seguridad privada en el medio rural.
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