LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
La Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPNA) organiza un curso formativo presencial centrado en delitos medioambientales y funciones como Policía Judicial Genérica, dirigido a agentes de todo el territorio nacional con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y mejorar la calidad de las diligencias.
Abierta investigación judicial al hallar flotando en Doñana el cuerpo de un lince ibérico muerto por disparos. Fue encontrado y retirado de las aguas el 22 de febrero por Agentes de Medio Ambiente y Seprona.
Para la lucha contra los delitos medioambientales es imprescindible que la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal recoja a los Agentes Forestales y Medioambientales, así como el desarrollo de su ley básica.
La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) ha criticado la situación que se ha registrado en Jaén tras recibir un comunicado de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén en el que se les limita la investigación de delitos medioambientales a la protección de los indicios localizados.
Según un informe de Interpol y de la ONU los delitos medioambientales mueven entre 91.000 y 258.000 millones de dólares cada año, cifra que representa el valor de los recursos naturales robados por redes organizadas a lo largo de todo el mundo.
La tala ilegal de árboles y el comercio de madera encabezan la lista de delitos, los cuales crecen cada año a un ritmo mayor que el de la economía mundial. Por ello, este tipo de delitos no sólo afecta a la naturaleza sino que también perjudica a la economía de los estados que dejan de ingresar en impuestos entre 9.000 y 26.000 millones de dólares cada ejercicio.
El Sindicato Unificado de Policía, CCOO, Sindicato de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT y AEAFMA piden la retirada del proyecto de reforma de la Ley de Montes.
El SUP apoya la petición de retirar esta reforma, resaltando el papel estratégico que estos agentes vienen desempeñando como policía judicial en la investigación de delitos Medioambientales.
El Gobierno anuncia el proyecto de ley que modifica la Ley de Montes, que había introducido en 2006 algunas novedades, valoradas como muy relevantes por el Consejo de Estado y que ahora se ven amenazadas.
Destaca de la reforma de la Ley de Montes la introducción de la posibilidad de que, antes de transcurrir 30 años, se cambie el uso de los bosques incendiados o la reducción de las capacidades de los Agentes Forestales para perseguir los delitos medioambientales además de dar paso al negocio de unos pocos en la vigilancia privada de nuestros montes.
Ante el proyecto de reforma de la Ley de Montes propuesto por el PP, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Coordinadora de Agentes Forestales y Medioambientales de FSC-CCOO aseguran que no existe una lucha corporativa entre ambos colectivos, como sugirió la ministra García Tejerina el pasado 5 de febrero en declaraciones a Onda Cero, sino quizá intereses políticos que no tienen como prioridad la protección del medio ambiente o la persecución de los delitos medioambientales.
La polémica estalló al sustituir el “actual sistema de trabajo basado en la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” por la “subordinación” a la hora de realizar sus actuaciones. Y es que de aprobarse la normativa, los agentes dejarían de formar parte de un cuerpo independiente para convertirse en un ente auxiliar de la Guardia Civil.
En sintonía con la necesidad de proteger las actuales competencias del colectivo, el presidente de APAMCYL, Esaú Escolar, sostiene que el fin último de este cambio en el reglamento persigue la paulatina incorporación de la seguridad privada en el medio rural.
El Diario “La Opinión de Murcia” publicaba una entrevista con Vicente Pérez Pérez, General y Jefe del Seprona de la Guardia Civil. El titular de la noticia no deja lugar a las dudas. “Sólo la Guardia Civil debe investigar acciones criminales contra la naturaleza”. Debemos recordar que la modificación de la Ley de Montes que se va a tramitar próximamente en el Congreso excluye, sin justificación alguna, a los Agentes Forestales de la investigación de delitos medioambientales y pretende establecer que sean auxiliares de la Guardia Civil.
Ya se nos había informado, en las mesas de negociación abiertas tras el conflicto, que era la Dirección General de la Guardia Civil la promotora de semejante idea desatinada. Ahora ya es público el pensamiento del benemérito Cuerpo. El sindicato UNPOLF publicaba ese mismo día un artículo al respecto que podéis leer aquí.
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