LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE 1877
El Sindicato Unificado de Policía, CCOO, Sindicato de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT y AEAFMA piden la retirada del proyecto de reforma de la Ley de Montes.
El SUP apoya la petición de retirar esta reforma, resaltando el papel estratégico que estos agentes vienen desempeñando como policía judicial en la investigación de delitos Medioambientales.
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial de Toledo de rechazar el recurso presentado por una empresa de rallys que denunció a dos Agentes Medioambientales que previamente habían denunciado la práctica ilegal de pruebas de conducción deportiva en el medio natural y en zonas no habilitadas para el efecto.
La Tierra que nos parió, que dirige el divulgador ambiental Luis MiguelDomínguez rinde homenaje a la profesión de Agente Forestal y comparte micrófonos con dos miembros de la Junta directiva de AEAFMA.
La actualidad de las consecuencias de la reforma de la Ley de Montes cobra protagonismo sin olvidar las reivindicaciones que AEAFMA tiene marcadas en su hoja de ruta.
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La renuncia a los planes de gestión forestal, la degradación de los Agentes Forestales a meros auxiliares o la mayor permisividad para cambiar de uso terrenos quemados, entre las preocupaciones de ecologistas y Agentes Forestales
En vísperas del 21 de marzo, día en que se celebra el Día Forestal Mundial, las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-Birdlife, WWF España, AEAFMA, UGT y CCOO denuncian los riesgos del actual proyecto de Ley de Montes que se ha empezado a tramitar en el Congreso de Diputados.
La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) considera que las declaraciones que realizó ayer la consejera de Agricultura, Marisa Soriano, sobre ellos “son humillantes y degradantes, porque no solo desconoce la legislación vigente sino que, lo más grave, no conoce a sus funcionarios”, tal y como ha indicado a encastillalamancha.es el presidente de AEAFMA, Luis Díaz Villaverde.
La dirigente socialista Beatriz Talegón considera una injusticia que se plantee la reforma de la Ley de Montes en los términos en los que el PP así lo desea, tal y como se lo comunicó el viernes 13 al presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales, Luis Díaz Villaverde.
La FEP-USO expresa su rechazo a la nueva Ley de Montes aprobada por el Gobierno del PP por suponer un nuevo recorte en la capacidad de actuación de algunos cuerpos y escalas de Funcionarios Especializados de la Administración Civil del Estado.
La polémica estalló al sustituir el “actual sistema de trabajo basado en la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” por la “subordinación” a la hora de realizar sus actuaciones. Y es que de aprobarse la normativa, los agentes dejarían de formar parte de un cuerpo independiente para convertirse en un ente auxiliar de la Guardia Civil.
En sintonía con la necesidad de proteger las actuales competencias del colectivo, el presidente de APAMCYL, Esaú Escolar, sostiene que el fin último de este cambio en el reglamento persigue la paulatina incorporación de la seguridad privada en el medio rural.
Desde las páginas del diario El Diagonal se hace un análisis detallado de algunas de las consecuencias más graves que la reforma legislativa propuesta acarrearía en la protección del medio ambiente. Construir en montes quemados para favorecer “el ladrillazo” o encorsetar la tarea de los 6.400 Agentes Medioambientales, se complementan con opiniones de grupos conservacionistas que dicen NO a esta innecesaria reforma. La modificación de varias leyes de protección ambiental ha sido una constante en el actual Gobierno del PP, todas ellas para favorecer una mayor intervención en el medio que debemos preservar.
El presidente de AEAFMA Luis Díaz, atiende una entrevista a “eldiario.es” en la que refleja el malestar del colectivo al que representa, haciendo referencia a algunos de los casos más sonados de denuncias de agentes medioambientales a personas poderosas y la duplicidad e ineficacia en términos de servicio público que la nueva norma acarrearía caso de ser aprobada.
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